El pasado Sábado, tuve el inmenso honor de ser invitado por el "Colectivo Crece Desde El Pie" a participar de un panel sobres los Medios de Comunicación, junto a los compañeros Gabriel Mazzarovich (Director de El Popular, en la foto de la mesa, al centro) y Ruben Hernández (APU, en la foto, a la izquierda). Nutrida concurrencia para una tenida de largo rato, con abundante presencia juvenil, enorme atención, agudas preguntas y comentarios.
El segundo gobierno del FA está incursionando en la regulación de los medios por la vía de al menos cinco elementos de diversa envergadura política y naturaleza jurídica, a saber:
a) El decreto de reglamentación de los mecanismos de adjudicación de los permisos para brindar servicios de TV digital, aprobado el 11 de mayo paso, impugnado por ANDEBU el 4 de junio por considerarlo "inconstitucional".
b) Inmediatamente después de presentado el documento "Estrategia por la vida y la convivencia", el gobierno generó un Comité Técnico Consultivo para elaborar criterios que tiendan a la "regulación democrática de los medios para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia en el marco de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos", con la intención de reflejarlos en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
c) El 11 de julio el gobierno derogó el decreto del 5 de julio de 1988 (primera presidencia de Sanguinetti) que habilitaba la censura previa de los contenidos de los medios y fijaba el horario de protección al menor en TV hasta las 21.30 hrs, pero excluyendo del mismo a los programas deportivos, políticos y a los "informativos".
d) La Rendición de cuentas 2011 incluyó tres artículos que afectan la temática. Concretamente, el artículo 135 establece que los prestadores de servicios de radiodifusión deben destinar 15 minutos diarios, no acumulables, para que organismos públicos o personas públicas no estatales realicen campañas destinadas al bien público. Por otro lado, el artículo 136 habilita al Poder Ejecutivo a fijar el "canon" que deben abonar los permisarios de servicios de radiodifusión al Estado. Hasta el presente, Uruguay es uno de los pocos países de canon cero. Como explicamos más adelante, los propietarios de radio y TV utilizan un bien público (las frecuencias), que es propiedad de toda la comunidad, por lo que establecer que a cambio de ese derecho deban pagar un 1% de su facturación total, por ejemplo, es una medida absolutamente lógica. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, dependencia de la ONU) -y otros organismos internacionales libres de toda sospecha de comunismo- recomiendan cánones de entre el 1% y el 4%. Finalmente, el artículo 176 crea el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, integrada por TNU, las radios del Sodre y el Instituto del Cine y el Audiovisual.
e) Es inminente el ingreso al Parlamento del Proyecto de "Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" (habitualmente abreviado como "Ley de Medios"), que es la pieza central de este grupo de medidas y que- pese a no haberse divulgado públicamente su contenido preciso- ya comparte con las medidas anteriores el recibir fuertes críticas desde la oposición y desde los propietarios de los principales medios de comunicación por "atentar contra libertad de expresión".
La concentración de los medios de comunicación en el Uruguay es la más alta de América del Sur. Básicamente, tres grupos- que son socios en varios emprendimientos-e identificados cada uno de ellos con uno de los tres canales privados abiertos (4, 10 y 12), poseen radios, operadores de TV cable, órganos de prensa, amén de múltiples negocios en diversas esferas de la actividad económica. Determinan la agenda y su contenido. Pueden glorificar o condenar, escandalizar o disimular. Tienen la potestad de detonar la alarma pública. Levantan la información de las mismas fuentes y- salvo matices- en lo esencial repiten un discurso monocorde, muy alineado a la prédica regional del Grupo Clarín y a la global de CNN y afines. Fueron-nuevamente, con matices- completamente funcionales a la dictadura militar y a la derecha. Revisar los editoriales de "EL PAIS" (ligado a Canal 12) del período 1977-1980, es un excelente ejercicio para comprender el rol jugado por dichos medios durante la dictadura. Consistentemente, los tres grupos se afiliaron generosamente a la defensa de la Ley de Caducidad, en reiteradas ocasiones.
La libertad no puede ser jamás una floritura de la literatura jurídica o una abstracción intangible. La libertad son hechos, son potenciales que se desarrollan y se expresan en concreciones. No habita la libertad en la panza que chifla, por más que la Constitución proclame a todos como libres e iguales. No hay libertad en los ojos que, acostados en busca del sueño, ven el cielo por las hendijas del techo- o lisa y llanamente no ven techo- en la gélidas noches invernales. No hay libertad en el dolor o enfermedad no atendidos, ni en la ignorancia o ausencia de posibilidades de formarse y educarse. Los discursos que proclaman, reclaman y declaman la libertad, en boca de quienes gobernaron aquel país en que escolares comían pasto, en que la mitad de los niños eran pobres y la mitad de los pobres eran niños, son sólo sonidos, sin sustancia. Son vibraciones que transitan un reducido fragmento del espectro (el conjunto de todas las frecuencias vibratorias, una pequeña parte de la cual corresponde a los que es perceptible para nuestros oídos). La libertad de expresión, en una sociedad donde tres grupos llegan a la inmensa mayoría de los hogares y muchos no tienen nada parecido a un hogar, ni mucho menos la posibilidad de expresar sus ideas o necesidades, es una palabra ampulosa que ofende la inteligencia.
Las frecuencias, como el aire que respiramos o el agua de los mares, arroyos y lagos, son de todos, son patrimonio de la Naturaleza en primer término, de la Humanidad - para su usufructo inteligente- en segundo lugar, y finalmente de toda la ciudadanía en el ámbito soberano de un Estado. Los medios de comunicación ocupan buena parte de dicho espectro, para las diversas formas de emisión de sus señales de radio o TV. Los ocupan, pero no los poseen. Reciben la concesión de algunas olas del mar, pero no son dueños ni tan siquiera de su espuma.
Sin embargo, en el Uruguay hay tres grupos económicos que se consideran dueños de ciertas frecuencias, de la agenda social y del derecho privilegiado a la construcción de la cultura predominante, hegemónica, del conjunto de creencias y percepciones que constituyen el "sentido común" societario.
Por ello, resisten a toda exigencia, ya sea de contrapartidas económicas para preservar ese derecho, o de destinar parte de su privilegio a actividades de promoción social, o de ser objeto de revisión periódica sobre la calidad de las prestaciones brindadas a través de los permisos de usufructo que les son concedidos, o de pasar por procedimientos abiertos de selección, en oposición a otras propuestas y en confrontación con la pluralidad de las exigencias societarias.
El segundo gobierno del FA está proponiendo una Ley de Medios. Ni el conjunto de medidas antes señaladas ni la ley en sí es el nuevo marco jurídico que yo hubiera deseado y sobre el que escribí en estas mismas páginas (que por ejemplo unificara Medios y Telecomunicaciones, transporte y contenidos). Aún en el terreno de los medios, comparada con ejemplos cercanos, no es tampoco la legislación más avanzada que se pueda concebir, sinceramente.
Pero claramente lo que se está proponiendo es un paso adelante. Por primera vez el entramado de los tres grandes grupos no obtiene todo a cambio de nada, sino que se les marcan límites y restricciones y se le exigen contrapartidas, tanto económicas como de servicio público. es un paso adelante importantísimo, vital. Sin embargo la aritmética de los votos parlamentarios- y la gran capacidad de presión y seducción de los grupos dominantes actuales- ponen su viabilidad en duda. Los votos blancos y colorados prácticamente puede descontarse que se alinearán en la defensa del status quo mediático. Mucho favor a devolver, no de hoy, sino de décadas. Mucha coincidencia en la visión de la sociedad y la distribución de derechos y privilegios.Buena parte de la definición está en las filas del Frente Amplio.
Esta Ley de Medios, aún si no es la que hubiéramos preferido, debe salir adelante. Si así ocurre, será un avance y la superación de una situación que hasta ahora ha sido vista como inmutable. Si así no ocurre, será un severo revés para todas las políticas de construcción de una sociedad realmente más libre, democrática y justa. Son las organizaciones sociales, los trabajadores y estudiantes organizados, la ciudadanía en general, los que deben velar para que en el Parlamento no flaquee ninguna mano en el momento de apoyar esta iniciativa, muy particularmente en las filas del FA.
Los medios son Las Piedras en el camino a la libertad efectiva. Porque bajo el esquema actual, no existe la libertad de expresión en el Uruguay, sino la condena de la inmensa mayoría a no poder ver, escuchar y leer más que lo que muy pocos deciden y piensan. Y para los díscolos, impera la necesidad de buscar resquicios por donde difundir sus pensamientos disonantes con ese gran poder fáctico concentrado .
Instancias como las vividas el sábado en Las Piedras deben multiplicarse urgentemente por doquier, con visiones e interlocutores diversos. Pero hay que acumular fuerzas y multiplicar el mensaje, voz a voz, barrio a barrio. Habrá tiempo para discrepar, pulir y perfeccionar si se da el primer y crucial paso. Pero éste, hay que darlo ya, ahora. Decididamente, este segundo gobierno del FA debe aprobar esta Ley de Medios, seguramente mejorable, pero con una direccionalidad muy clara:
Uruguay es una República, no una monarquía mediática hereditaria.
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