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viernes, 20 de julio de 2012

PLUNA, la liquidación, las asociaciones público-privadas y las empresas autogestionadas. Gonzalo Perera.



Aún resuenan en el Parlamento los  ecos de las andanadas de los senadores opositores, dirigidas hasta el grado del desafío, hacia un inmutable Vicepresidente Danilo Astori. Lo ocurrido con PLUNA merece una serie de puntualizaciones específicas, pero por sobre toda las cosas, alguna observación que trasciende el caso puntual.

1. La investigación periodística de Javier Zeballos  muestra de manera a mi juicio completamente fehaciente la enorme incertidumbre que se había generado sobre PLUNA a raíz de su vinculación al Grupo VARIG. En efecto, la jurisprudencia brasileña da al concepto de grupo económico un sentido amplio que, traducido al caso concreto, avalaba la posibilidad de que ex-trabajadores de VARIG (no directamente vinculados a PLUNA) litigaran contra la aerolínea uruguaya, como sobreviviente del conglomerado de empresas brasileñas. Esta amenaza podía traducirse en juicios de un volumen muy considerable, y sobre todo- como bien lo destaca en sus notas Javier Zeballos- una absoluta imposibilidad de predecir el desafío a asumir.

2. El gobierno del Presidente Mujica podría haber ignorado olímpicamente esta amenaza, ya que la misma afecta al Estado pero difícilmente tenga resolución firme antes de culminar su mandato. Sin embargo, decidió tomar el toro por las guampas y hacer lo único que entendió ponía freno a dicho riesgo: la liquidación de PLUNA.  Esta decisión merece alguna puntualización. Yo soy lego, pero creo del caso analizar con más detenimiento lo que pude entender a quienes son conocedores de la materia. La liquidación formal de la empresa PLUNA,  parecía prácticamente inevitable, ya que cualquier persona jurídica que mostrara continuidad con la empresa que antaño formara parte del grupo VARIG, sería pasible de similar amenaza e incertidumbre. Sin embargo, otra cosa es afirmar la necesidad de la liquidación efectiva de  la aerolínea nacional. Entendamos la diferencia: si con el mismo personal, misma flota, una nueva empresa, sin accionistas en común con PLUNA, se mantuviera en el aire, el factor "juicios en Brasil" sería un riesgo sensiblemente menor. Dicho de otro modo, los juicios podrían plantearse, naturalmente, pero la carga de la prueba reposaría en mostrar la continuidad existente  desde una empresa a la otra. La parte litigante, obviamente, argumentaría que la "muerte y resurrección" de la aerolínea no sería más que una "maniobra de cortafuegos" jurídica y que el alto grado de coincidencia de personal y flota mostrarían que en esencia se trataría de la misma empresa. Sin embargo, de no tener la nueva empresa accionistas en común con PLUNA, el argumento sería cuanto menos rebatible. Pero más aún, debe señalarse que el argumento de la parte litigante de recusar el "cortafuegos legal" es YA utilizable, con la situación ACTUAL,  puesto que se ha declarado públicamente que el motivo de la liquidación por parte del Estado (que fue accionista de PLUNA en todo momento) es evitar los posibles juicios en Brasil. Dicho de otro modo, si la liquidación formal de la figura jurídica parecía inevitable, el mantenimiento de una flota de bandera uruguaya en el aire, basada en recursos humanos y materailes que poseía PLUNA- si se encuentra una forma que la haga viable- no parece generar mayores riesgos legales adicionales a los YA existentes y en cambio, generaría un evidente beneficio: mantendría frecuencia de vuelos, más la consecuente salvaguarda de puestos de trabajos directos y de empresas asociadas. El si es viable o no la existencia efectiva de la aerolínea más allá de la liquidación formal de PLUNA, y bajo qué forma, lo analizaremos más adelante, pero de serlo, debería intentarse.

3. La venta de la mayoría accionaria de PLUNA a VARIG se realizó bajo un gobierno de la derecha (ley habilitante de Lacalle, venta de Sanguinetti, para mayor precisión). Los resultados, a la vista están. Tanto dicha responsabilidad directa como el reconocimiento a la seriedad con que el Presidente Mujica enfocó el tema,que lo podría haber sido simplemente "pateado para adelante", como señaláramos en el punto precedente, fueron esmeradas omisiones de la encendida oratoria de la derecha en el Parlamento.

4. Ni los errores ni las debilidades humanas son propiedad exclusiva de la derecha. La Historia universal muestra que bajo gobiernos de izquierda y de derecha han ocurrido, ocurren y ocurrirán tanto errores como desviaciones de conductas de mayor o menor envergadura. Sin embargo, el punto crucial es que no puede permitirse ni por un momento que se siembre el "SON TODOS LO MISMO". Y una diferencia DEFINITORIA de la izquierda es su capacidad autocrtítica, el asumir y corregir sus propios pasos en falso en tiempo y forma, actitud que la derecha jamás tomaría. Todo señala que la decisión del primer gobierno frentista de confiar la revitalización de PLUNA a Leadgate en el 2007 fue un gran error. Los trabajos periodísticos ya referidos de Javier Zeballos lo sugerían, pero múltiples denuncias de los trabajadores de la empresa hacían temer lo que los hechos confirmaron: un vaciamiento de la empresa a posteriori de un plan de inversiones audaz, con la consecuente carga a las cuenta del Estado de los platos rotos. La cancelación de los vuelos a Madrid, por ejemplo, denunciada oportunamente por los trabajadores, no podía sino llamar la atención sobre un muy factible movimiento de retracción de la empresa.  Ante la liquidación de PLUNA, la inmediata reacción de Tabaré como Presidente y de Astori como Ministro de Economía y Finanzas en el momento en que la decisión fue tomada, fue asumir la responsabilidad del error. La actitud de ambos (Tabaré y Astori) entiendo que  corresponde y merece destacarse. No termina las interrogantes y discusiones, como más adelante veremos, evidentemente. Pero para justipreciar la actitud, pensemos en si en alguna oportunidad se escuchará a Luis Alberto Lacalle plantear un mea culpa por la virtual destrucción de la industria nacional, a Julio María Sanguinetti por la promoción y promulgación de la Ley de caducidad y su estrecha relación con los uniformes manchados en sangre, o a Jorge Batlle asumir algún tipo de error por dejar el país al borde del abismo en el 2002 tras el anunciado y evitable catástrofe desencadenada por el quiebre del grupo Peirano. Frente a una lista  de débitos bastante más onerosa para el país  que las deudas de PLUNA y en algunos casos completamente intangible ( como en el tema de la impunidad), se ruega por favor avisar si alguien atisba alguna reacción de autocrítica desde la derecha. No está en su ADN político decir "Yo me equivoqué" como lo hicieron Tabaré y Astori. Y eso hay que decirlo con toda claridad, pues marca una diferencia de actitudes, que al menos a mí, me parece significativa. Insisto, esto no cierra el tema, ni tampoco  supone considerar un episodio menor lo ocurrido con PLUNA y Leadgate, sino que simplemente implica ser  justo y diferenciar actitudes que son diferentes.

5. Con la misma claridad y respeto, debe decirse algo  que debería ser prácticamente de Perogrullo: no alcanza el mea culpa ni de Tabaré ni de Astori, o las explicaciones un poco más detalladas expuestas por este último, para entender cómo y por qué se da la segunda parte del derrumbe de PLUNA (la que corre a la cuenta de Leadgate) y cuáles son las posibles responsabilidades precisas en dicho proceso. Es cierto que el diario del lunes hace certero el resultado del partido del domingo, pero en principio, frente a advertencias surgidas a nivel tanto de los trabajadores como de trabajos periodísticos, parece razonable preguntarse si no hubo al menos fallas en los contralores necesarios para evitar un desenlace como el que se produjo. El cómo, el por qué y las cadenas de responsabilidad precisas en algunas acciones u omisiones en relación a Leadgate, son temas aún pendiente. Las responsabilidades  ante un problema de esta naturaleza, a priori, pueden ser de diverso tipo: penales, políticas, administrativas, etc. En principio, una investigación parlamentaria se ocupa ante todo de las responsabilidades políticas y administrativas y compete a la Justicia el dirimir si caben responsabilidades penales. En principio, entendí que el FA debía acompañar la moción de crear una comisión investigadora en el Parlamento, de forma que la consideración del tema no se restringiera a responsabilidades penales. Sin embargo, el grado de ferocidad y espectacularidad que la oposición blanca y colorada dio a la discusión, aparentando absoluta amnesia respecto a un pequeño error llamado VARIG, me volcaron a la duda sobre si era posible, ante tal "estado de espíritu", una investigación seria y que no culminara de manera muy previsible - y dilatada en el tiempo- con un verdadero espectáculo político dedicado a gritar verdades a medias para acarrear agua al propio molino y, por supuesto, una comisión investigadora emitiendo dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, que sumarían mucho ruido y muy pocas nueces. En ese punto, compartí la  decisión unánime y sin fisuras del FA: lo más sano era remitirse  con la mayor celeridad posible al proceso judicial, colaborar con la Justicia y, obviamente, acatar sus decisiones, sean las que sean. Es la Justicia por ende el ámbito que terminará de dilucidar  qué pasó y cuáles son las responsabilidades que puedan corresponder. Puede descontarse, estoy sinceramente convencido, que no habrá ninguna presión del Poder Ejecutivo ni impunidades "a la carte" expedidas por el Legislativo para amparar absolutamente a nadie que pudiera resultar inculpado. La Justicia tiene sus tiempos, es ejercida por seres humanos, y  por ende no siempre alcanza a comprender completamente la complejidad de algunos temas y en tiempos breves, eso es absolutamente cierto. Pero dada la centralidad que el tema ha tenido en la agenda reciente, creo que se expedirá con la mayor premura que el debido proceso habilite y que hurgará tan a fondo como sea posible. No será una decisión perfecta, como ninguna lo es, pero parece claro que  en el contexto y tono de discusión actual es la única que puede brindar a todos, más allá de opiniones, simpatías o presunciones que   cada uno pueda tener, las mayor garantía de no estar sesgada, Ni el FA ni sus gobernantes están vacunados contra las debilidades humanas. Pero éstos últimos han reaccionado  asumiendo las fallas a nivel de error de buena fe, que son las que asumen como propias, y se han remitido a la Justicia por si la misma entendiera que dichas fallas en realidad son de otra naturaleza.  El FA ha actuado de manera unánime del mismo modo. Esto no siempre ha ocurrido en nuestra historia política y por cierto, jamás se ha visto en algunos vociferantes opositores similares actos. De momento, hay un error del que nadie se hace cargo, llamado VARIG. Y hay un error del que al menos dos personas se hacen cargo, llamado Leadgate. Y de momento no se entiende claramente la globalidad del proceso ni si se trata de meros errores  y en tal caso, que razones los indujeron, los que explican las dos etapas del quiebre de PLUNA. A mi juicio, sobre el curso a seguir en la investigación y dilucidación de responsabilidades, lo que  corresponde ahora es esperar los  pronunciamientos judiciales. Sin embargo, debe señalarse que sea cual sea el giro que tome la historia al respecto, esta investigación y decisión, que corresponde, no corrige ni la situación de los trabajadores afectados, ni los servicios aeroportuarios del Uruguay, y menos aún algunos recurrentes errores o prejuicios de nuestra Historia política, en los que es preciso incursionar.

6. En declaraciones radiales, el compañero senador Agazzi despuntó la madeja de un tema  mucho mayor. Manifestó que el Estado no podía asociarse en minoría accionaria con privados , puesto que el afán de lucro de estos últimos desnaturaliza y es incompatible con la misión de servicio del Estado. Esa apreciación puntual es completamente compartible, pero revisando la historia propia y ajena, no parece ser meramente un problema del porcentaje accionario. Todo indica que, salvo contadas excepciones, los capitales privados usan a los Estados como fuerte respaldo para asumir conductas muy agresivas en gastos, inversiones y  política de precios, aumentado su margen de ganancia y acelerando la reproducción del capital propio, para finalmente, cuando el volumen operativo de la empresa se vuelve inmanejable, retirarse de un modo u otro y dejar al Estado con el "muerto en el placard". Una manera muy intensa de multiplicar y concentrar ganancias y socializar las pérdidas, de la que los influjos de la Gran Bretaña de Thatcher y de la "Reaganomics" en USA, tantos ejemplos legaran al mundo entero. Ahora bien, bajo este período legislativo votamos la ley de Participación- Público-Privada (PPP). La misma permitiría importantes obras de infraestructura, y se señalaba particularmente la recuperación ferroviaria. No parecen haberse operado grandes cambios sobre dichos rieles. Nos quedamos sin aerolínea de bandera propia, que esperemos finalmente pueda ser recuperada de algún modo,  que no deje de lado a una amplia masa de mano de obra calificada y no reduzca la conectividad aérea, tan sensible para la logística y el turismo. En cambio los que sí tenemos es la ley PPP, que puede ser usada por este gobierno, o por quienes le sucedan, cuyo signo parece aventurado adivinar, más allá de los deseos que cada quien tenga.  La prensa de hoy expone la iniciativa de construcción de una cárcel en el marco de la ley PPP. No discuto si el país precisa nuevas instalaciones carcelarias, pero parece necesitar también nuevos hospitales, nuevas vías férreas, nuevos trenes, etc.,las  muchas obras de infraestructura productiva y social que van muchísimo más allá de cárceles (y que más bien tienden a evitar que éstas sean necesarias) y a las cuales se suponía apuntaba la ley en cuestión ¿Cuál fue el sentido entonces el sentido de la ley PPP?¿Qué legados reales nos ha dejado? ¿A qué riesgo nos expone en el futuro, ahora que tenemos- una vez más- un ejemplo del Estado pagando platos rotos por un- en su momento- promisorio y bienvenido socio privado? En definitiva: ¿Para qué seguimos teniendo la ley PPP? ¿Qué es lo que realmente permite que no fuera ya posible bajo el marco legal previo y en qué beneficia eso la construcción de una sociedad más justa, integrada, educada? Confieso que si no lo entendí en su momento ( y lo intenté), ahora, en este contexto en que obviamente se impone la discusión de las asociaciones Estado-privados, su conveniencia, extensión, finalidades, operativas y contralores (y no solamente porcentajes accionarios en una S.A.), menos que menos.

7. Todo tiene su lado bueno, según dicen. Es así que los mismos partidos tradicionales que terminaron con los Consejos de Salarios por rama de actividad, que flecharon las políticas laborales hacia los intereses empresariales, que desregularon el mercado laboral so pretexto de la eufemística "flexibilización laboral" y que nos legaron niveles de desocupación pavorosos, han redescubierto su vocación de defensa de los puestos de trabajo y de los intereses de los trabajadores afectados por esta situación. Sería de suponer que este renacimiento de su sensbilidad social los hiciera más receptivos a los planteamientos de la central sindical, por mera lógica. Y los trabajadores directamente afectados y el PIT-CNT están abocados a buscar una estructura cooperativa y /o autogestionada que permita recuperar la aerolínea. Allí están cifradas mis esperanzas de que siga surcando el cielo una bandera uruguaya,que muchas familias no vean afectadas su fuentes de trabajo y que la industria logística y turística no se resienta. Sin embargo, desde la derecha, algunas sonrisas socarronas se apresuran a descartar la viabilidad de tal iniciativa ¿Por qué tan rápido descrédito, o  es su opinión que la clase obrera es menos inteligente que otras clases, acaso? ¿O es que la inteligencia privilegiada del  Ing. Alejandro Végh Villegas, la militancia erudita del Dr. Ramón Díaz o- yendo al ejemplo más reciente- la astucia del señor Matías Campiani, fueron un aporte crucial para la felicidad pública y bienestar común? ¿Por qué se presupone que los trabajadores no están capacitados para gestionar empresas? ¿Acaso eran trabajadores los que gestionaban ONDA, el Banco Pan de Azúcar, el Banco de Montevideo, para mencionar sólo tres ejemplos? ¿Acaso era afiliado al PIT-CNT el Sr. Soloducho, que supo tomar créditos públicos para sostener su textil para luego tomar propicios vientos que lo llevaron fuera del alcance de reclamos? ¿De qué estamos hablando? Reelaborar un plan de negocios para una aerolínea-negocio complejo y de gran capilaridad, que requiere vinculaciones con numerosas otras empresas en los ramos logístico y turístico- y hacerlo en un plazo tan exiguo como 60 días, es una tarea titánica, es evidente. Pero quien a priori la crea imposible por ser protagonizada por trabajadores organizados, me temo que incurre en un acto-quizás no consciente- de enorme prejuicio. O en caso contrario, sufre de una severa amnesia sobre la larga lista de distinguidos, capacitados y exitosísimos empresarios privados que nos han hecho pagarles con hambre y sufrimientos de las familias trabajadoras sus aventuras financieras, tantas y tantas veces en nuestra historia.


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